Según explican los autores del informe, el principal factor es la desbocada inflación (para algunas estimaciones en torno al 180% anual), pero también los sucesivos eventos de devaluación de la moneda. En particular, el salto cambiario del 21% que el gobierno convalidó el día posterior a las elecciones primarias.

No hubo sector que no haya visto reducido sus ingresos en términos reales: la masa de ingresos reales en billones de pesos (constantes a 2023) se redujo de 32 a 27 en el caso de los trabajadores privados formales, de 23 a 19 entre los informales, y de 22 a 18 en el sector público, en relación a 2022.

Estas son las consecuencias concretas que durante todos estos años fueron una constante durante el gobierno de Alberto Fernández, que prefirió cumplir el acuerdo con el FMI tomado por Macri a sabiendas de sus consecuencias claramente ajustadoras e inflacionarias.

Son los trabajadores quienes en estos años han pagado el ajuste, a pesar de las políticas paliativas adoptadas por el gobierno, como las paritarias corriendo detrás de una inflación indomable.

Que son los trabajadores y no los empresarios los que están pagando la crisis se refleja también en el mencionado informe, donde se destaca la situación aparentemente paradójica de que, a pesar de la caída real de los ingresos, las empresas continúan con expectativas de contratación crecientes: así es que en los últimos años se multiplicó el fenómeno de «trabajadores pobres», personas con empleo formal pero cuyos ingresos se mantienen por debajo de la línea de pobreza.

Para este nivel de caída de ingresos, para las empresas les está siendo más rentable la contratación de personal, lo que indirectamente refleja que los números de crecimiento de la actividad económica van a parar a los bolsillos de los empresarios y no de los trabajadores.