En una entrevista con el periodista Alejandro Fantino, Patricia Bullrich afirmó que en caso de llegar a la presidencia derogará por decreto las leyes laborales vigentes en nuestro país.

La candidata de Juntos por el Cambio manifestó que «si el congreso no acompaña mis iniciativas» o si encuentra «resistencia sindical», recurrirá a hacer «un DNU y te lo resuelvo en dos minutos, no te preocupes», le aseguró a Fantino en su programa de streaming.

Incómoda por el ascenso electoral de Javier Milei y ante la posibilidad de quedar afuera de un eventual ballotage, Bullrich radicaliza su discurso derechista con el objetivo de disputar con Milei el voto más reaccionario.

No se trata de alguna supuesta «tibieza» de Milei en comparación con Bullrich, ni mucho menos. La candidata de Juntos por el Cambio quiere mostrarse como la única capaz de llevar adelante las contrarreformas de neoliberalismo salvaje que propugna también Milei.

Así, las declaraciones de Bullrich son un síntoma de una coyuntura política muy corrida a la derecha, fenómeno alimentado por todos los principales candidatos.

La ex ministra de seguridad de Macri calificó las leyes laborales como «ridículas» y consideró que «ahogan» a las PyMes. En particular, se refirió a anular las indemnizaciones por despido, dejando bien en claro que su modelo es uno en el que los empresarios puedan usar a los trabajadores, explotarlos y luego tirarlos como si fueran material descartable.

Como siempre, se escudan detrás de la nebulosa categoría de PyME (entre las que incluyen empresas con cientos de empleados) como forma de construir un sujeto «víctima» de las leyes laborales, cuando, en realidad, trabajan para el gran capital. Usan de excusa a las PyMes para quitarte tus derechos.

En esa misma línea, Bullrich también habló de arancelar la atención médica para extranjeros. También llegó a proponer que puedan monitorearse y grabarse -sin orden judicial- las conversaciones telefónicas de las personas privadas de su libertad, incluidas las que tengan con sus abogados defensores.

La «propuesta» no resiste mayor análisis: además de que pretende instaurar un Estado panóptico de vigilancia y control sin derechos, pretende violar las garantías constitucionales más elementales, que consagran el derecho a la defensa y a la privacidad.

Estas son las «brillantes» propuestas de quien se nos quiere presentar como «experta en seguridad», que propone básicamente suspender las garantías constitucionales más básicas.