Comenzó la semana en una entrevista con Gustavo Sylvestre anunciando que, de ser presidente, eliminaría el Impuesto a las Ganancias. Luego, anunció un nuevo piso para la cuarta categoría, que es en realidad un impuesto al salario, que se ubicará a partir de ahora en los $1.770.000.
Desde 2001 que el impuesto a las ganancias, en su cuarta categoría, grava a los salarios por encima del piso del monto mínimo no imponible. Mientras los patrones pagan cada vez menos, se le pone un impuesto a los trabajadores, para que no ganen «demasiado».
Entre 2015 y 2020, el número de trabajadores que pagan este impuesto pasó de 1 millón a 2,3 millones. Esto último gracias a la continuidad del ajuste inflacionario, con el cual el gobierno Macri y también el de Alberto lo hicieron avanzar por detrás de los salarios.
Resulta curioso que Massa, quién es ministro de economía desde hace un año, ahora se acuerde de que existe este impuesto. Mas aún, que tenga el descaro de prometer que lo va a eliminar cuando podría haberlo hecho hace un año.
Según números de 2022, este impuesto alcanzó a alrededor de 1 millón de trabajadores. Si bien es un número menor al pico de 2020, también lo han sido los salarios en términos de poder adquisitivo. Son muchos menos que antes los trabajadores de salarios «altos» a los que alcanza el impuesto.
La promesa de Massa viene cargada de cinismo, no sólo por lo obvio de ser gobierno y haber podido eliminarlo antes. Sino además por tratarse de quién ha gestionado uno de los ajustes mas duros sobre el salario y las condiciones de vida de los trabajadores.
En ese marco, la suba del mínimo no imponible es poco más que una medida transitoria. Resulta un alivio para muchos trabajadores hoy, pero sin su eliminación es cuestión de tiempo que cientos de miles de trabajadores sean alcanzados por este regresivo impuesto de nuevo. Es lo que viene pasando una y otra vez: se aumenta el piso, se lo anuncia como un gran triunfo para los trabajadores, aumenta la inflación, con ella los salarios (aunque por debajo), y los trabajadores deben de nuevo pagar un impuesto por trabajar.
Mientras continúa el ajuste, la CGT marchó para apoyar a Massa
Lentos antes, rápidos ahora, la CGT y la CTA marcharon a Plaza de Mayo para participar de un acto electoral de festejo de la suba del mínimo no imponible. Lo hicieron luego de largos meses sin pisar la calle mientras el gobierno aplicaba ajuste tras ajuste.
Durante estos tres años y medio de gobierno peronista, las centrales sindicales mantuvieron atados de pies y manos a los trabajadores para que no salgan a luchar mientras el gobierno aplicó un duro ajuste de la mano del FMI. Ahora que vienen las elecciones, marchan para apoyar a Massa mientras no hicieron nada durante todo este tiempo.
A pesar de la inflación galopante, la terrible caída del salario real y el aumento implacable de la precarización laboral, la burocracia sindical hizo todo lo posible para que no haya luchas obreras que cuestionen el ajuste. Se «guardaron» durante cuatro años, fueron cómplices del ajuste a los trabajadores y ahora les piden que voten a Massa, el responsable directo por lo menos del último año de penuria económica.
Tan arrastrados son que incluso movilizan para apoyar una medida marcada claramente por el reinicio de la campaña electoral, pero que de nuevo está más signada por promesas que por realidad. Massa, por enésima vez, volvió a anunciar que pretende eliminar el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, como si no hubiera gobernado durante los últimos cuatro años y recién ahora se acuerda de presentar el proyecto, que se trataría recién el año que viene.
Es un chanta fenomenal: promete para el año que viene algo que pudieron haber impulsado durante todo este tiempo y que prefirieron no hacerlo para cumplir con el ajuste del Fondo. Evidentemente, es el ajuste del gobierno el que le abre camino al ascenso electoral de la ultraderecha. Y también lo es la pasividad y traición de la burocracia sindical, que guardó bajo siete llaves a los trabajadores, relegándolos a la atomización y a la pasividad.
Massa propone subir la inversión educativa a 8% del PBI, pero no cumple con el 6% actual
Massa anunció también la presentación de un proyecto de ley que propone aumentar la inversión educativa a un piso de 8% del PBI. Sin embargo, durante todo el gobierno del Frente de Todos se incumplió la ley actual que establece el piso en un 6%.
Se trata de una clara jugada demagógica al tratarse de un gobierno y un ministro que aplican un duro ajuste. En el marco del acuerdo con el FMI, Massa viene instrumentando un recorte del gasto en todas las áreas primarias, incluida educación.
Tanto el kirchnerismo como la burocracia sindical del sector docente salieron a aplaudir el anuncio aunque, al igual que ayer la CGT movilizó en respaldo a Massa, no denuncian el ajuste que su propio candidato lleva adelante.
Pero, además, se trata de una hipocresía sin límites. Durante el gobierno del Frente de Todos, nunca el presupuesto educativo cumplió el piso que establece la Ley Nacional de Educación de 2006, que lo ubica en el 6% del gasto en relación al PBI.
Aun más, un informe de la organización Argentinos por la Educación muestra que entre 2006 (desde que entró en vigencia la ley) y 2020 solo en tres ocasiones los gobiernos cumplieron la meta del 6%: en 2009, 2013 y 2015.
Por lo que, si en manos de los gobiernos ajustadores la meta del 6% ya venía siendo una farsa, la supuesta política de inversión educativa de Massa sólo hace más evidente la demagogia. Sobre todo teniendo en cuenta que él mismo lleva adelante un ajuste brutal a las cuentas públicas.
Es más, el mismo informe calcula de cuanto sería la deuda educativa teniendo en cuenta todo el porcentaje de presupuesto no ejecutado acumulado durante ese período de tiempo. El resultado: la deuda con la educación asciende a más de 3.4 billones de pesos, o lo que es lo mismo, un 5% del PBI de deuda educativa. Una clara muestra del impacto del ajuste de los últimos años.
