Victoria Villarruel nació en el seno de una familia castrense. Su padre, Eduardo Villarruel, fue instructor de comandos en el Operativo Independencia dictado por María Estela Martínez de Perón tan sólo un año y un mes antes del golpe de Estado de 1976. El despliegue represivo tenía como objetivo la “neutralización y/o aniquilación” de “elementos subversivos” en la Provincia de Tucumán. Para eso los militares desplegaron los métodos que se harían masivos con la dictadura: la desaparición de personas y la tortura.

Eduardo Villarruel llegó a ser teniente primero del Estado Mayor del Ejército durante toda la década del ’70. Durante la Guerra de Malvinas fue segundo jefe de la Compañía de Comandos 602, que dirigía el militar carapintada Aldo Rico. Con el retorno de la democracia la carrera de Villarruel dejó de ascender. Así que el padre de Victoria le escribió una carta al propio Alfonsín, reclamando un ascenso por sus supuestos méritos. Allí decia: “he intervenido en la lucha contra la subversión, tanto en el ambiente urbano como rural”.
Otro de los parientes célebres de Victoria Villaruel es Ernesto Guillermo Villarruel, su tío. Ex militar, fue procesado en el año 2015 por el delito de privación ilegal de la libertad como parte de la causa que investiga los crímenes en el centro clandestino de detención El Vesubio.
Pero los vínculos de Villarruel con la herencia del genocidio no son sólo sanguíneos sino políticos, ideológicos y organizativos. Villarruel puso su vida al servicio de los intereses de los genocidas. Cuando Videla no estaba (todavía) en cárcel común, Villarruel organizaba visitas a su casa, en la que estaba cómodamente detenido como si fuera un delincuente común y no un criminal contra los derechos humanos.
Hasta el año 2021, cuando ingresó al Congreso Nacional, no se le conocía ningún trabajo en relación de dependencia ni declarado legalmente. Se recibió de abogada en la Universidad de Buenos Aires hace veinte años pero no está habilitada para ejercer dicha profesión.
“Me dediqué a investigar la historia” dice Villarruel sobre su desocupación crónica “y mi familia me apoyó porque les parecía bien”. En otras palabras: fue la propia familia militar de Villarruel la que financió su activismo pro dictadura durante al menos dos décadas.
Durante ese tiempo se involucró de todas las formas imaginables con los sectores más reaccionarios y nefastos de la sociedad argentina. Diversos testimonios la sitúan hace casi dos décadas en reuniones realizadas en el COFA (Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas). Allí se reunían los “activistas” negacionistas para planificar la defensa legal de los genocidas enjuiciados.
El nombre y número de teléfono de Victoria Villarruel figuraban en la agenda manuscrita de Miguel Etchecolatz, uno de los personajes más nefastos de la última dictadura y comprometido en la desaparición de Jorge Julio López.

A lo largo de esos años publicó dos libros (si pueden ser llamados así): Los llaman jóvenes idealistas y Los otros muertos. Ambos intentan construir el mismo relato: relativizar los crímenes de lesa humanidad poniéndolos en pie de igualdad con el accionar de organizaciones como Montoneros o el ERP.
En 2006, cuando se reabrieron los juicios de lesa humanidad contra el personal militar de la última dictadura, Villarruel creó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV). Esta supuesta organización jurídica (una suerte de parodia cínica de los organismos de DDHH) es en realidad una célula que trabaja por los intereses de los genocidas de la última dictadura.
El objetivo de Villarruel es doble. Primero: defender judicialmente a aquellos militares y represores que fueron llevados ante la Justicia tras décadas de lucha de los movimientos de Derechos Humanos en el país. Y segundo: construir un relato histórico para relegitimar a los genocidas y torturadores, así como al Ejército en tanto institución.
Su recorrido político puede reconstruirse de un solo plumazo. Algunas de sus personas cercanas lo cuentan de la siguiente manera: “Ella [Villarruel] tuvo mucho contacto con esposas de militares detenidos. Pero después decidió enfocarse en las víctimas del terrorismo, le costaba más lo de los militares presos” (La Nación). Parece que sacar de la cárcel a los militares condenados fue una tarea demasiado ardua para la vice de Milei. Y con razón. Treinta años de lucha en el campo de los Derechos Humanos no pueden ser borrados fácilmente.

Así que Villarruel optó por concentrar sus esfuerzos en el campo ideológico: construir el otro relato de los ’70. Un relato que no es narrado desde el lugar de los torturados, sino de los torturadores. Por eso la propia Villarruel se esfuerza por instalar la idea de que no es “negacionista” sino una persona que busca exponer “la verdad completa”. Pero eso es una falacia discursiva. Su negacionismo es patente y se renueva en cada acción o discurso que realiza.
En entrevistas recientes se ocupó de negar flagrantemente las responsabilidades militares en la última dictadura. “Creo que la situación en ese momento [1976] era muy difícil” dijo en una entrevista a Canal 26. “Existían muchísimos atentados [supuestamente, de los grupos guerrilleros] por día y, sin justificar esta situación, la realidad es que los atentados terroristas a partir de ese momento empezaron a decrecer y la población comenzó a estar más protegida”.
El planteo es claro. Para Villarruel, la población argentina estaba “más protegida” bajo un régimen militar de facto, totalitario, torturador y genocida que dejó a 30.000 desaparecidos, miles de torturas y robos de identidad a su paso, que bajo la democracia.