A través de una serie de videos de Instagram, Massa busca recuperar al menos parcialmente una parte de los ingresos que se erosionaron de un día para el otro por la devaluación que él mismo ordenó. El objetivo es obtener alguna mejora en las expectativas electorales de cara a octubre, mientras continúa la política de ajuste coordinada con el FMI.

La medida más importante es el anuncio de un bono de $60.000 para trabajadores registrados del sector público y el privado, que se cobrará en dos cuotas de $30.000 en septiembre y octubre.

Además de ser montos insuficientes y no remunerativos que se cobrarán por única vez, se trata de un bono a cuenta de las próximas paritarias, por los que en realidad se trata de un adelantamiento que implicará paritarias aun más a la baja en el próximo período. Una estafa que busca tener impacto inmediato con fines electorales, pero que no mejora el salario de los trabajadores de manera sostenida más allá de octubre. Además, el bono solo alcanza a aquellos trabajadores que perciban salarios de hasta $400.000 por mes.

Para los empresarios tampoco significa una obligación de sacrificar ganancias, ya que podrán descontar el bono del pago de impuestos, por los que la suma la terminará pagando el Estado también al sector privado. Para Massa la ganancia empresaria es intocable. Para el Estado, esta baja en la recaudación la intentará saldar con más ajuste del gasto, para cumplir con los objetivos pactados con el FMI.

Ni que hablar que el 60% de los trabajadores no registrados no reciben el beneficio, por lo que la mayor parte de los asalariados se quedan afuera de le medida.

Por otro lado, Massa también anunció el refuerzo de los bonos ya anunciados para las jubilaciones mínimas, que alcanzaría -con un bono de $37.000 que se repetirá en octubre y noviembre- los $124.000 en septiembre, bien por debajo de la línea de pobreza.

Además, se anunció una exención impositiva para monotributistas de categorías A, B, C y D, donde el «beneficio» es tan insignificante que es absurdo. Por ejemplo, en el caso de la categoría A (la más baja) la exención sería de menos de $500…

En paralelo, Massa se ufanó de lanzar el «monotributo productivo», un nombre elegante para dar visto bueno a la precarización laboral -permitiendo que las empresas inscriban a sus empleados como monotributistas- con la excusa de lograr un mayor blanqueamiento y reducir la informalidad.

Para los sectores más vulnerables -que en términos relativos son los que más sufren la inflación ya que gastan una mayor parte de sus ingresos en alimentos- los beneficios son aun más miserables. Para quienes perciben el Potenciar Trabajo (unas 1.300.000 personas) se les otorgará apenas un refuerzo de $10.000 en septiembre y otro en octubre, un chiste de mal gusto para quienes más golpea la crisis económica. En el mismo sentido, anunció un refuerzo en la Tarjeta Alimentar, de $10.000 para familias con un hijo, $17.000 para familias con dos hijos y $23.000 en el caso de que tengan tres hijos.

En relación a los precios, Massa anunció el congelamiento de la medicina prepaga hasta diciembre (en el año ya acumula aumentos por 78%) y un nuevo acuerdo de precios con el sector alimenticio, de «sólo» 5% mensuales en productos de primera necesidad. Según estimaciones privadas, la inflación de agosto podría alcanzar el 14%, y la de septiembre partiría de un piso similar.

El carácter paliativo, miserable y sobre todo circunstancial de estas medidas se explica por la continuidad de fondo de la política de ajuste pactada con el Fondo Monetario, quien en las últimas semanas aprovechó el cimbronazo económico post-PASO para salir a pedir medidas aun más duras.

Sin embargo, el gobierno hace equilibrio entre las exigencias del Fondo, el histórico tercer puesto en las elecciones primarias y el creciente clima social enrarecido de las últimas semanas, donde se registraron saqueos en distintos puntos del país alimentados por la penuria económica. Pero sin cuestionar el eje ordenador principal: el ajuste digitado por el FMI.