Uno de los grandes ejes de campaña que resultó muy exitoso para Javier Milei es la idea de que el ajuste que propone lo pagarán «los políticos» (la famosa «casta») y los que «viven del Estado». Pero una simple mirada a datos oficiales deja al descubierto de que se trata de una cínica mentira.

Milei y sus miles de trolls que inundan las redes sociales han instalado la idea de que no hay nada que temer sobre un eventual gobierno de Milei, a menos que seas parte de «la casta» o seas un parásito que «vive del Estado». Incluso han defendido la reñida idea de que Milei «no va a quitar derechos», en un esfuerzo descomunal por hacer encajar lo que Milei literalmente dice que va a hacer con las expectativas de la gente, aprovechándose de un clima de enojo y hartazgo luego de años de ajuste en gran parte de la sociedad.

Es que, si Milei tiene tanta vía libre para mentir descaradamente -como enseguida veremos- es porque se apoya en un descontento generalizado con todo el personal político tradicional del país que, a ambos lados de la «grieta», es responsable de años de crisis económica, ajuste y empobrecimiento del pueblo trabajador.

Basta una mirada por algunos datos muy elementales sobre los gastos, los ingresos y el funcionamiento del Estado para ver que el ajuste que propone Milei no lo van a pagar «los políticos» ni mucho menos.

Es cierto que en el Estado capitalista, funcionarios, jueves y legisladores se convierten en una capa privilegiada de funcionarios, con sueldos millonarios, jubilaciones de privilegios y una abultada «caja» fuente de negociados de todo tipo. Pero no sólo no es cierto que el ajuste de Milei estará destinado hacia este sector sino que, incluso si lo estuviera, su impacto sería ínfimo en comparación con la dimensión total del ajuste que pretende hacer.

Quienes son «los políticos» y cuánto cuestan

Primero habría que tratar de definir quienes entran en la categoría de «los políticos» para Milei si queremos saber a quién irá orientado supuestamente el ajuste. Contra todo pronóstico, ya sabemos que figurones como Mauricio Macri o Patricia Bullrich quedan afuera del concepto de «casta»: Milei se ha deshecho en elogios hacia ellos.

Pero entonces, ¿quienes son los «políticos»? Empecemos por la respuesta más fácil y obvia: los legisladores de ambas cámaras, diputados y senadores. Si ponemos a funcionar a toda capacidad la «motosierra» de Milei y además de sus salarios como legisladores consideramos los gastos en jubilaciones de privilegio, asesores, empleados, gastos operativos, entre otros; en fin, si consideramos incluso el presupuesto total destinado al poder legislativo como un todo (que incluye hasta al empleado de limpieza del Congreso o al que saca fotocopias) estamos hablando, para el presupuesto 2023 vigente, de 99.594,9 millones de pesos, que representan un 0,4% del gasto público.

Por supuesto, de este 0,4% no puede recortarse todo. Aunque sospechamos que a Milei le gustaría directamente cerrar el congreso, le concederemos al menos que no piensa hacerlo en un principio. Así que, en definitiva, si «los políticos» están circunscriptos al poder legislativo, se trata de un porcentaje muy pequeño del gasto en relación al total, muy lejos del supuesto «plan motosierra» que promete.

Es evidente que cuando habla de «la casta política» que supuestamente hay que ajustar Milei piensa en algo más amplio. No sólo el poder legislativo sino toda la administración pública en general. Con una curiosidad: El área más «costosa» en términos presupuestarios de toda la administración pública es el Poder Judicial (2,5% del gasto), justamente el poder que está encabezado por los jueces, ellos sí literalmente una casta de burócratas enquistados hace décadas en el Estado que no pagan impuestos de la cual Milei no habla ni denuncia con la vehemencia con la que habla de «los políticos».

Volviendo a los números, los gastos de la administración pública incluyendo los tres poderes representan un 6,3% del gasto. Como es obvio, suponiendo que de esto solo puede recortarse una parte, el «ajuste a los políticos» sigue pareciendo bastante poco en relación a la grandilocuencia que postula Milei. Cabe entonces repetir la pregunta: ¿quienes son los «políticos» que hay que ajustar? Si los tuviera en frente, los datos obligarían a Milei a tener que sincerarse: el ajuste no es a «los políticos» sino a los derechos más básicos.

El ajuste es a tus derechos

Si consideramos que la parte de presupuesto destinada a «Servicios Sociales» representa el 71,6% de los gastos, la cosa toma otro color: uno mucho más sombrío. Porque esos «servicios» en realidad son los derechos más elementales: las jubilaciones, la salud pública, la educación pública y parte importante de la obra pública.

Milei ya ha dicho en numerosas ocasiones que va a reducir el número de Ministerios, y reducir asimismo las dependencias del Estado. Pero, como es obvio, la inmensa mayoría de estos «gastos» no son los salarios de los funcionarios, ni siquiera de los funcionarios de más alta jerarquía. Tomemos como ejemplo la seguridad social, que representa un 49,7% del presupuesto (casi 13 billones de pesos). Semejante cifra representa nada menos que las jubilaciones, pensiones, y otras prestaciones como planes sociales. Milei no lo dice en campaña electoral, donde habla de ajustar a «los políticos», pero sí lo dice frente a los empresarios: en el evento empresarial proyanqui del Consejo de las Américas, donde Milei disertó esta tarde, declaró que una de sus primeras medidas será una reforma previsional, que no es otra cosa que ajustar a las jubilaciones.

Lo mismo ocurre con salud (4,6% del gasto), educación (6,7%) y ciencia (1,9%). Milei ya dijo que la salud la piensa arancelar, para la educación instalar un sistema de «vouchers» que implica privatización, y en relación a la ciencia ya dijo que piensa cerrar el CONICET. ¿Y al final, donde quedó el ajuste a «los políticos»?

En el mismo discurso que dio hoy frente a empresarios, también habló de una reforma laboral que elimine las indemnizaciones por despido, reduzca las multas por juicios laborales y literalmente eliminar la obra pública, que quedaría en manos privadas. Andá a esperar sentado que el «mercado» haga el alcantarillado y el asfalto de tu barrio.

Hay algunos gastos que no sólo no nombra sino que tiene previsto aumentar, como los destinados a Seguridad y Defensa, es decir, darle más poder a la policía y a las FF.AA. (a quienes se propone sacar a las calles), lo cual tiene lógica: para llevar adelante el terrible ajuste que propone, va a requerir de un régimen ferozmente represivo. Parece que no todo «gasto público» es inútil después de todo.

Del cinismo al liso y llano delirio

Un último capítulo de la mentira del supuesto «ajuste a los políticos» vale la pena remarcar. Ya hablamos de los legisladores, de los funcionarios, de los ministerios, y de que ese supuesto «ajuste» en realidad va a significar cercenar jubilaciones, salud y educación públicas, etc. Pero aun quedan otros supuestos «políticos» que serían susceptibles de ajustar: los gobernadores.

Claro que aquí también se trata de un eufemismo, y lo que se pretende ajustar es el presupuesto destinado a los Estados provinciales. Acá nos trasladamos del ámbito de lo cínico, que presenta como la lucha contra los privilegios de la casta al intento de privatizar escuelas y hospitales, por ejemplo, al ámbito del liso y llano delirio, por ser irrealizable por al forma en la que está organizado el Estado argentino.

Milei dice que directamente va a eliminar la coparticipación, es decir, que el Estado nacional va a dejar de financiar a las provincias, que van a tener que «vivir» con lo que cada una recaude.

En primer lugar, para eliminar la coparticipación habría que modificar la Constitución, lo cual ya lo hace muy difícil de realizar desde un punto de vista «institucional».

Pero, además, la sola idea de que las provincias «vivan de lo propio» expresa una ignorancia pasmosa sobre el país que pretende gobernar. Argentina, como capitalismo atrasado, es un país brutalmente desigual, y eliminar la coparticipación maximizaría todavía más esas desigualdades internas. Por solo decir que para muchas provincias los ingresos de coparticipación representan más del 80% de sus ingresos totales, por lo que eliminar la coparticipación equivaldría prácticamente a que dejen de existir como tales. En la lógica de la competencia capitalista ultra liberal, si una empresa no genera ingresos propios suficientes, debe cerrar. Así, para Milei, hay que aplicar esa lógica a las provincias… y cerrarlas. 

Sólo hay tres distritos en los que los fondos de coparticipación representan menos de la mitad del total de sus ingresos: CABA, Buenos Aires y Neuquén. Del resto, en algunos casos la coparticipación representa casi la totalidad de sus ingresos, como Formosa (93%), La Rioja (90%), Catamarca (89%), Chaco (86%), Jujuy (86%), San Juan (84%) y San Luis (79%). El resto recibió en concepto de coparticipación federal entre el 60% y el 76% de sus ingresos totales.

De hecho, eliminar o al menos reducir los ingresos por coparticipación en lo que redundaría sería en una subida generalizada de los impuestos provinciales para intentar aumentar la recaudación provincial, obteniendo así el resultado inverso al que supuestamente aspira Milei, que es un país sin impuestos ni regulaciones.

Pero si eliminar la coparticipación no es «factible», Milei todavía podría eliminar o reducir a cero los dos principales impuestos que financian dicho fondo: el IVA y ganancias. Si lo hiciera, además de que dejaría en bancarrota a más de la mitad de las provincias, el Estado Nacional perdería prácticamente un 50% de poder de recaudación. Esa inmensa brecha no se va a saldar ajustando a «los políticos» ni aunque fuera cierto, que no lo es. Sólo se lograría aplastando los derechos conquistados por la clase trabajadora durante décadas.

¿Quien financia al Estado?

El otro elemento constitutivo de la mentira del «ajuste a los políticos» tiene que ver con los impuestos. Ya sabemos lo que piensa Milei al respecto, repetido hasta el cansancio, la idea de que los impuestos son un «robo», de que los empresarios están «asfixiados» y que eso evita que crezca la economía, para financiar la «fiesta» de los «políticos. Palabras que hemos escuchado hasta el cansancio el último tiempo.

Pero en su denuncia hacia los impuestos como un todo, Milei mete en la bolsa subrepticiamente cosas muy distintas. Porque no todos los impuestos financian al Estado de la misma manera, y no todos los sectores sociales pagan los mismos impuestos.

Milei denuncia los impuestos como tales pero se cuida especialmente de no hacer mención del esquema brutalmente regresivo del sistema tributario en Argentina. El impuesto que mayor recaudación tributaria le significa al Estado es el IVA, que representa un 29,1% del total. En segundo lugar, casi diez puntos porcentuales por debajo se encuentra el impuesto a las ganancias, con el 20,9%. Cabe aclarar que dentro de «ganancias» también está incluido en impuesto al salario.

Recién en tercer lugar vienen los aportes patronales (11,8%) y más atrás aun las retenciones con apenas el 8,8%. En concepto de aportes jubilatorios, los trabajadores aportan prácticamente el mismo porcentaje (8,5%) que los exportadores por retenciones. Y párrafo aparte para el ridículo monto de bienes personales, que aporta sólo 2,5%.

En resumen, lo que Milei no dice en su discurso anti-impuestos es que en Argentina son los trabajadores los que pagan muchísimo más impuestos que los empresarios. El principal, el IVA, es el impuesto al consumo masivo, y una parte de ganancias también lo pagan los trabajadores vía el impuesto al salario.

En contraparte, las retenciones a los exportadores (¡que cobran en dólares!) representan menos del 10% de la recaudación. Y lo de bienes personales (que es un impuesto a la riqueza) es ya directamente escandaloso.

En la estructura impositiva puede verse como el Estado no solo no «asfixia» a los empresarios sino más bien todo lo contrario, establece un sistema recaudatorio escandalosamente desigual donde pagan más los que menos tienen, siendo los empresarios los grandes beneficiados.

De hecho, Milei propone bajar las retenciones a cero, y a cambio financiar ese agujero con más IVA e impuesto al salario. Así lo dijo su primera candidata a diputada nacional, la economista Diana Mondino, en una confesión de que en realidad no están en contra de los impuestos, sino sólo de los impuestos a los empresarios, mientras pretenden seguir reventando a impuestos al pueblo trabajador.

En resumen, el discurso «anti casta» se revela así muy fácilmente como lo que verdaderamente es: una alevosa mentira para ganar votos, mientras se prepara una ofensiva que pretende ser histórica contra el pueblo trabajador.