Como una herida abierta, la fecha del 2 de abril de 2013 es un recuerdo trágico para todos los platenses. Jornadas como las de hoy, sin alcanzar la misma dimensión de aquel desastre, recuerdan que a pesar de algunos pocos cambios y mucho, mucho marketing político, poco cambió en la realidad urbana de la ciudad. O incluso empeoró.
Paradójicamente, una de las pocas ciudades planificadas del Latinoamérica es hace varios años capital del negociado inmobiliario: se han multiplicado simultánea y paralelamente los barrios cerrados, por un lado, y los asentamientos precarios, por el otro, que ya alcanzan los 260 en toda la periferia platense. Nunca antes hubo tantos de unos y otros.
Y a este respecto no hay grieta que valga: en 2013 la ciudad venía de ser gobernada por dos mandatos de Pablo Bruera, del PJ. Ahora Julio Garro (del Pro) va por un tercer mandato en las elecciones de octubre. Las obras que se hicieron fueron hechas una vez que la tragedia ya había sucedido, y la inundación de hoy demuestra que fueron insuficientes no sólo en alcance, sino en concepción: no se trata solamente de un problema de ingeniería hídrica, sino fundamentalmente un problema social. Si se avanza con la cementización descontrolada, el loteo indiscriminado de zonas rurales para reconvertirlas en countrys y se mantiene la absolutamente inexistente política de vivienda, que empuja a los trabajadores y las clases populares a asentarse en lugares no adecuados para vivir, los hechos como los de hoy van a seguir pasando frente a cada temporal.
Si la especulación inmobiliaria ya se instaló con Bruera, con Garro se expandió aun más. El oficialismo municipal se encargó de aprobar un nuevo ordenamiento urbano que prácticamente permite que casi todo el casco urbano (de 1 a 19 y de 38 a 60) sea demolido, para construir allí torres de varios pisos. En los últimos años el centro platense se plagó de torres de lujo, muchas de ellas completamente vacías: el cada vez mayor precio del metro cuadrado hace que comprar un departamento sea una inversión de capital para los especuladores, lo que simultáneamente dispara los precios de los alquileres por las nubes expulsando a los inquilinos cada vez más hacia los márgenes. Está lleno de edificios que no son lugares para vivir.
Al mismo tiempo, se blanqueó lo que ya es una práctica habitual en las grandes empresas inmobiliarias: comprar terrenos rurales y, obteniendo el visto bueno del municipio, conseguir su rezonificación para que pase a ser zona urbana, aumentando varias veces su valor de mercado, que ya no se calcula en hectáreas sino en metros. Allí se hacen grandes emprendimientos de lujo para los empresarios y las clases altas de la ciudad, sin ningún control sobre el impacto ambiental y social.
Para que estos nuevos barrios cerrados sean habitables, todo el sistema urbano se subordina ante ellos: se crean calles donde no las hay, mientras se cortan abruptamente otras. Tienen que asfaltarse caminos y hacer cloacas y red de agua donde no las había, lo que se financia con los impuestos municipales que pagan las grandes mayorías para la puesta en pie de barrios lujosos para una minoría de ricos.
Al mismo tiempo, no hay ninguna política de vivienda social, ni por parte del municipio ni del gobierno provincial. Los barrios populares terminan expandiéndose como pueden: a falta de poder tener una casa o un terreno propio -no sólo por la pobreza y la crisis económica, sino también porque la especulación infla todos los precios- los trabajadores se asientan en lugares que no están adecuados para vivir: márgenes de arroyos, humedales, planicies de inundación. A diferencia de los barrios cerrados, que el municipio se encarga de asfaltarles los caminos y proveerles los servicios de manera inmediata, pasan años para que las obras lleguen -si alguna vez llegan- a estos nuevos asentamientos precarios.
Si a este cóctel se le suma que producto de la expansión hay cada vez menos terreno absorbente y, al mismo tiempo, los temporales toman dimensiones inusuales producto del calentamiento global, se obtiene un cóctel explosivo. Y las víctimas son las decenas de miles de laburantes que habitan las barriadas populares, que pierden bajo el agua sus pocas pertenencias, o peor: su vida o la de sus familias.
Tan responsable será el Estado después de décadas de desidia que, diez años después de esa herida abierta que es el 2 de abril de 2013, y con nuevas inundaciones que desnudan una trama de poder al servicio de los ricos, el Estado todavía no nos dijo la verdad sobre el número de víctimas de aquella jornada, de la cual oficialmente sólo se reconocen 89 muertes, una mentira que viene a ser como una confesión involuntaria de su propia responsabilidad.
