Luego de los últimos anuncios económicos de Sergio Massa, la inflación volverá a dispararse por los efectos de dichas medidas, que tienen como objetivo hacer un muy relativo «lavado de cara» de la situación macroeconómica del país frente al Fondo, en lo concerniente a reservas y déficit fiscal.

Se trata en lo fundamental de dos tipos de medidas. La primera, una nueva reversión del «dólar soja» pero esta vez apuntado hacia economías regionales y otros productos de exportación, como el maíz. La diferencia es importante porque esta devaluación diferencial puede no afectar tanto al mercado interno cuando se trata de la soja -la mayoría se exporta- pero sí lo hará con productos de mayor incidencia.

La segunda medida también es una devaluación, pero por la vía impositiva, que afectará a todas las industrias que necesiten importar insumos, excepto aquellas que produzcan bienes que compongan la Canasta Básica, fundamentalmente alimentos.

El gravamen del impuesto PAIS a las importaciones encarecerá el dólar hasta uno $340, en comparación a los aproximadamente $280 que se pagaban por el dólar oficial. De la misma manera, el nuevo «dólar agro» también se ubica en los $340, por encima de los $300 que paga la última edición del «dólar soja» que finaliza el 31 de agosto.

La clave para entender estas medidas es que, con el objetivo de fortalecer las reservas -hoy negativas en términos netos- y mejorar el número fiscal (dos índices clave que mira el FMI en plena negociación por un nuevo acuerdo) el gobierno toma dos medidas que la pagará la población trabajadora vía más inflación.

Consultoras privadas ya estiman que le impacto de estas medidas le agregaran dos o hasta tres puntos porcentuales a la inflación mensual de agosto, número que se conocerá recién en septiembre, bastante después de las PASO y cuando todavía falte más de un mes para las generales.

Con «la tuya»

Aunque los grandes medios sólo expresen el malestar de los empresarios frente a las nuevas medidas, la realidad es que los que verdaderamente la van a pagar no serán ellos, que fijarán precios más altos, sino los consumidores, es decir, las grandes mayorías populares.

Es importante notar que esta nueva edición del «dólar agro» tendrá repercusión en el IPC porque entre los productos afectados se encuentra el maíz que, a diferencia de la soja, tiene fuerte incidencia en el mercado interno.

No solo por los alimentos que contienen ese grano como tal en su proceso de elaboración y que son de primera necesidad (aceite), sino también porque es utilizado como insumo, por ejemplo, para alimentar cerdos y pollos. Por lo que, por más que el gobierno haya exceptuado a las industrias alimenticias de pagar las importaciones con mayores impuestos, no es cierto que estas medidas no repercutirán en el precio de los alimentos.

Al respecto, las importaciones más caras también implicarán que los empresarios trasladen esos mayores costos al precio final. Aquí, es sorprendente como el gobierno no toma ninguna medida para poner un control a los aumentos de precios, sino que todas sus gestiones están orientadas exclusivamente a complacer los pedidos del FMI.

Mientras tanto, los ya derrumbados salarios en pesos deberán enfrentar los nuevos aumentos, siendo finalmente los trabajadores quienes paguen el ajuste por la vía inflacionaria, como viene sucediendo hace años.

Cuando decimos que el país está puesto de rodillas ante el FMI no es una exageración ni una interpretación caprichosa: el gobierno, sin tocar los intereses de los ricos y los empresarios, hace que literalmente los dólares para el FMI salgan de una brutal transferencia de ingresos en la que la clase trabajadora son los que salen perdiendo.

Afortunadamente, no todo sucede según sus deseos, porque los trabajadores tienen voluntad y reservas de lucha, como demostró el reciente masivo paro de la UOM que le arrancó a las grandes patronales de la metalurgia un aumento salarial mayor a la miseria que proponía la cámara empresarial.