“El escrito enviado por Rafecas hace un largo recorrido por la legislación vigente y por la reticencia de las autoridades pertinentes de acatar la medida de no innovar. Por último, se reafirmó una vez más la ‘prohibición de innovar dictada el 15 de noviembre de 2010’ y la extensión a los alcances establecidos en la resolución del 23 de marzo de 2022’.” (La Retaguardia, 9/7/23)
En los terrenos donde funcionaron los centros de exterminio de Vesubio y Puente 12, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha inaugurado un predio policial. Así lo expresaron en el lugar el viernes pasado, con la presencia de la plana mayor del municipio, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, el ministro de Seguridad, Sergio Berni y el gobernador Axel Kicillof.
La resolución judicial con la que iniciamos la nota fue producto de una larga epopeya de familiares de víctimas de esos centros clandestinos quienes vienen sosteniendo la necesidad de preservar el lugar no sólo como Memoria, sino para buscar más evidencias, restos, etc, que permitan profundizar la investigación. El Equipo de Antropología Forense, destinado a esta tarea, no la pudo cumplir porque se interpuso el uso de este lugar para funcionamiento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para combatir el delito, el actual Destacamento de Infantería de la Bonaerense.
Los familiares de víctimas de esos centros clandestinos se cansaron de reclamar y denuncian ahora el hecho consumado con horror. Para preparar el predio para “combatir el delito” debieron excavar, tapar con kilos de cemento evidencias que pueden llevar al reconocimiento de restos, pruebas, etc. Los organismos gubernamentales de Derechos Humanos (Comisión Provincial por la Memoria, Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, etc) antes quienes reclamaron los familiares, así como ante las autoridades de la Policía provincial, que debieron actuar para que se respetar la resolución judicial… miraron para otro lado y no dijeron nada. E inauguraron el predio sin que se les cayera ni una tibia disculpa de sus bocas.
Allí se pusieron en funcionamiento las nuevas instalaciones que forman parte del edificio de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y la sala de monitoreo de la Fuerza Barrial de Aproximación.
Que hayan pasado más de 40 años del comienzo del genocidio no significa que estos lugares que fueron centros de exterminio no aporten más datos útiles. Así lo ha demostrado la experiencia histórica. El Olimpo, la exESMA, y muchos más aportaron elementos que ayudaron a dar pistas de los hechos, más involucrados, reconocimiento de restos de desaparecidos/as.
Nos sumamos al repudio de la Comisión por la Memoria, los familiares de los juicios de Vesubio y Puente II, que están en curso actualmente. Así como acompañamos sus reclamos por los casos de gatillo fácil, que suman 17 casos en los últimos años. Exigimos, junto con ellos y todos/as los/as luchadores/as, que el predio sea cedido a sus auténticos dueños, que ellos sabrán investigar junto con el Equipo de Antropología Forense el lugar y encontrar, seguramente, más datos que traerán más evidencias.
Con los importantes logros y avances conquistados, no bajaremos los brazos ni cederemos ante las presiones para ir por más Memoria, Verdad y Justicia.
