Martín Bava, juez federal de Dolores, fue quien dictó la medida.

Mucho antes de que se lo procesara, apenas mientras se lo citaba como testigo, Macri ya intentaba maniobrar de todas las formas posibles. Primero, se negaba a declarar. Luego, montó un ridículo acto para posar de víctima durante su primera declaración.

Lanusse, su abogado, al principio ni siquiera había tomado contacto con el expediente.

La causa

A Macri se le imputa haber «ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos» entre finales de 2017 y finales de 2018, durante su mandato presidencial.

La resolución emitida por el juez Martín Bava especifica: «Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan. Dichas tareas no contaron con autorización judicial alguna ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron, además, con el objeto de influir en la opinión pública, en esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año».

La desaparición del ARA San Juan significó un verdadero escándalo político para el entonces presidente. Los familiares de los 44 tripulantes del submarino declararon haber sufrido tareas de espionaje sobre sus comunicaciones. Las tareas de inteligencia habrían sido utilizadas por el macrismo para anticiparse a las exigencias de los familiares. Hasta se habla de la construcción de «perfiles ideológicos» de los familiares. Una operación políticamente persecutorio que no sorprende demasiado teniendo en cuenta los antecedentes del macrismo.

La causa lleva más de un año, tras una denuncia formulada por Cristina Caamaño, actual interventora de la AFI. Caamaño presentó documentos internos de la AFI (que forman parte de la causa)  almacenados en tres pendrives y que permanecían en los establecimientos del organismo. Por esta misma investigación ya se imputó a los ex – directores de la AFI durante el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Ellos estaban a cargo de la Base Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia y Bava los señaló como responsables directos de las operaciones ilegales de inteligencia.