La causa por el crimen de Lucas González a manos de policías de la Ciudad de Buenos Aires sumó 5 nuevas detenciones entre integrantes de esta fuerza este fin de semana. Por pedido del fiscal de la causa, Leonel Gómez Barbella, quien también solicitó el secuestro de sus teléfonos celulares para ser analizados por sistema UFED.

El motivo de las imputaciones es ser considerados por el fiscal Gómez Barbella como sospechosos de los delitos de «encubrimiento agravado, privaciones de la libertad agravadas y falsedades ideológicas», por haber plantado un arma falsa para justificar el asesinato de Lucas.

Se espera que el día de hoy se lleven a cabo las declaraciones indagatorias a los mismos. Inicialmente, el pedido de detenciones fue ordenado para seis policías, pero, la oficial Lorena Miño, miembro de la Policía de la Ciudad, se mantiene prófuga. Para colmo, en las últimas horas circuló un video de la misma alegando que «no tuvo nada que ver con el crimen«.

Los detenidos por este operativo fallido de encubrimiento son el Comisario Fabian Alberto Du Santos, el Principal Héctor Cuevas y Micaela Fariña, pertenecientes a la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad; a estos se suman el Comisario Juan Romero y al Subcomisario Roberto Inca de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad.

“Hijo de puta… Sos un villero. A ustedes también hay que pegarle un tiro en la cabeza”, dijeron a los amigos de Lucas el día de los hechos, mientras intentaban procurar el éxito del operativo de encubrimiento del crimen. “¿Hay domos acá?. ¿Hay cámaras de seguridad?, ¿entonces nadie graba, ni saca fotos?”, expresaron una vez detenidos.

Los seis policías están acusados de ayudar a organizar la típica puesta en escena, incorporando, entre otros, datos falsos en las actuaciones labradas por personal de la División Intervenciones Judiciales la Policía Federal Argentina. Su actuación, sacada casi de un manual de encubrimiento, consistió en haber plantando un arma de utilería en el auto en que iban Lucas y sus amigos, buscando presentar el cobarde asesinato de Lucas como un acto de legítima defensa.

Se trató, ni más ni menos, de hacer pasar todo esto como un procedimiento legal, “escenificando el contexto en el que, en rigor, se habían desarrollado los sucesos y la atroz conducta, esto es, el homicidio agravado, las tentativas de homicidios y las privaciones ilegales de la libertad”, expresa la acusación contra los 6 policías.

A este hecho, que muestra la celeridad de la causa producto de la enorme conmoción y repudio general que suscitó el crimen de Lucas, se suma el pedido que formalizó el abogado de la familia, Gregorio Dalbón, para iniciar un juicio político en contra del juez Alejandro Cilleruelo. El pedido fue presentado ante el presidente del organismo judicial, Diego Molea.

Así lo expresaron ante el Consejo de la Magistratura para que sea someta a juicio político por “mal desempeño de sus funciones”. Este juez, parte de la cadena del operativo de encubrimiento, ordenó la detención de los tres jóvenes que acompañaban a Lucas el día que el pibe de 17 años recibió el disparo en la cabeza que terminó con su vida por parte de los tres miembros de la Policía de la Ciudad.

De este modo, los actores del mecanismo de encubrimiento ante este tipo de crímenes de las fuerzas represivas muestra que tan alto llega la podredumbre y cuan aceitada está la complicidad de las diferentes instituciones estatales. La violencia institucional, la represión y violencia contra la juventud y el pueblo trabajador son una marca registrada de los criminales de uniforme.

Este proceder encuentra aire y legitimidad no sólo con los discursos de odio agitados por los medios y políticos capitalistas, por ello, es tan importante lograr justicia en el caso de Lucas y de cada pibe, para que paguen ante cada crimen todos los asesinos de uniforme, junto a sus cómplices y los garantes de su asquerosa impunidad.