Según afirman los trabajadores que se oponen al proyecto de ley, la Sociedad de Estado es una medida privatista y que implica desinversión, flexibilización laboral, pérdida de conquistas laborales y el cierre de varios sectores, que a su vez implica achique de planta. En el IB se realizan diagnóstico de enfermedades infecciosas, como VIH, rabia, y el COVID-19; se producen medicamentos y se controla el agua de los hospitales públicos de la provincia, entre otras tantas cosas. Los trabajadores denuncian que muchas de estas funciones se perderían si fuera aprobado el proyecto de ley en la Legislatura Provincial.
«Este avance privatista va en línea con el ajuste que prepara el gobierno para negociar con el FMI» denunciaron desde la Corriente Sindical 18 de Diciembre, organización que se acercó a solidarizarse con los trabajadores. También estuvo presente en la movilización la agrupación estudiantil de izquierda ¡Ya Basta!, y distintas comisiones internas de trabajadores de la zona.
La movilización se hizo escuchar frente a la Legislatura provincial, espacio donde fue presentado el proyecto por el gobernador Kicillof y su ministro de salud, Kreplak. Luego, los manifestantes se dirigieron a la gobernación de la provincia, donde se logró que sea recibida la carta de los trabajadores explicando el sinsentido para la salud pública que implica este proyecto. Finalmente, se terminó en una dependencia del ministerio de salud, donde gracias a la presión de la movilización se logró que el vicepresidente de la Comisión de Industria y Minería, Juan Carrara, anunciara que el tratamiento se pospondría hasta el viernes 26. Un pequeño triunfo que marca que el camino es la movilización callejera.
Desde la Corriente Sindical 18 de Diciembre alertaron frente a las falsas expectativas que puedan generarse con respecto a las autoridades. En un comunicado, expresaron: «Alertamos que no depositamos ninguna confianza en los legisladores, que no se han comprometido a no tocar el IB y que si no fuera por la movilización de los trabajadores ni siquiera darían la cara. En ese sentido creemos que la solución no es modificar el proyecto ni cambiar la figura jurídica, sino arrancarle al Estado la inversión necesaria para que el IB funcione bajo control de sus trabajadores, que son quienes quieren hacerlo funcionar y saben cómo«.
El ¡Ya Basta!, por su parte, emitió en un comunciado: «Venimos haciendo campaña en defensa del IB también en los pocos cursos presenciales que se abren en la UNLP, con pasadas por curso, volanteos, carteles, fotos, etc. Creemos que la unidad entre estudiantes y trabajadores es una clave para que triunfen ambos sectores, ya que el ajuste presupuestario que buscan profundizar en el IB también es el que aplican en la universidad pública, manteniendo las facultades cerradas así como el comedor universitario, el albergue, el boleto, las becas, etc«.