Pasaron las elecciones, que le dejaron al gobierno, dentro de la derrota, un cierto alivio por haber evitado una debacle mayor que se tradujera en crisis política, económica y social de proporciones (aunque ese peligro sigue a la vuelta de cualquier esquina, como veremos). La primera reacción de Alberto Fernández fue anunciar, con cierta moderada sorpresa para algunos, un proyecto de ley para un “programa económico plurianual” con metas de déficit, inflación, crecimiento, emisión monetaria y política cambiaria.

No fue tan sorprendente para quienes estaban al tanto de que el staff del FMI le había pedido al gobierno una hoja de ruta fiscal y económica con amplio consenso de las fuerzas políticas mayoritarias, el empresariado y la dirigencia sindical. Es decir, exactamente lo que anunció el presidente, que además abrió las sesiones extraordinarias del Congreso hasta fin de año para negociar el proyecto y prometió continuidad a las rondas de negociaciones y consultas extraparlamentarias con empresarios y lobbies varios, además de reuniones del Consejo Económico y Social. Todo va para el mismo lado: preparar el terreno para firmar el demorado acuerdo con el FMI a la mayor brevedad. El plazo máximo que se propone el gobierno es febrero de 2022.

La idea generó el mayor beneplácito entre algunos de los pesos más pesados del empresariado argentino, que ya habían sido agradablemente sorprendidos en una convocatoria previa por la firme decisión que mostraban Fernández y Guzmán de encaminar el acuerdo con el Fondo. Entre ellos, Antonio Aracre de Syngenta (una de las mayores multinacionales de agrobusiness); el titular de la poderosa Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras; Miguel Acevedo (ex titular de la UIA); Laura Barnator (Unilever); Iván Szczech, de la Cámara Argentina de la Construcción; Daniel Herrero, de Toyota, y por supuesto la pata “social”, con Antonio Caló (UOM-CGT), Hugo Yasky (CTA) y Esteban Castro, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Faltan, claro, los ganadores de la elección 2021.

El FMI es consciente de que el contexto pospandémico no ayuda mucho, y por lo tanto reclama también amplio respaldo político para cualquier plan. El monitor fiscal del organismo, en su informe previo a la reunión anual, había reconocido que a nivel global es probable que el aumento de la deuda pública que disparó la pandemia se mantenga “durante muchos años”, y que para volver a niveles de deuda pre pandemia haría falta “registrar durante más de una década saldos fiscales primarios superiores a los previos a la pandemia”. Asimismo, admitía que transitar ese camino no era simple cuestión de mostrar voluntad política de hacer el trabajo sucio: “Los anuncios de importantes ajustes fiscales no siempre generan credibilidad fiscal. (…) Los gobiernos pueden comprometerse con los esfuerzos fiscales futuros, pero es posible que se necesiten algunas acciones (…) donde el historial es débil, porque construir credibilidad lleva tiempo. Los marcos fiscales que incorporan la reducción del déficit pueden adoptarse después de lograr el consenso necesario” (IMF Fiscal Monitor, 13-10-21).

Ese “consenso”, como vimos, debe incluir un arco político que exceda el gobierno de turno, el grueso del empresariado y, en Argentina, la dirigencia sindical. Eso es lo que explica la convocatoria a discutir en las sesiones extraordinarias del Congreso, en el Consejo Económico y Social y en infinidades de reuniones formales e informales el “plan económico plurianual” con metas de emisión, inflación, gasto público y crecimiento, que debería ser avalado por todos esos actores. O, como reclamó el FMI esta misma semana, que el plan presentado por Guzmán tenga un “amplio apoyo político”.

El operativo “Todos juntos al y por el FMI” está lanzado, y lo que está en juego es la firma del acuerdo de facilidades extendidas por diez años, con metas fiscales y macroeconómicas definidas que implican un sinfín de cuadraturas del círculo: generar divisas con mayores exportaciones y a la vez ir liberando los controles cambiarios que hoy limitan la fuga de esas divisas; achicar el déficit y a la vez evitar una austeridad salvaje que se vuelva política y socialmente incontrolable; domar la inflación y a la vez aumentar las tarifas vía reducción de subsidios y acelerar el ritmo de devaluación; recomponer reservas del BCRA y a la vez usarlas para pagar al Fondo y demás acreedores; proponer la “creación de puestos de trabajo” a la vez que se busca seducir a una patronal que no para de reclamar facilidades para despedir; prometer el freno de la caída salarial a la vez que se erosionan los ingresos populares con tarifazos y saltos devaluatorios controlados, y la lista sigue.

Detrás de esta súbita decisión está, entre otros factores, la más desnuda necesidad. Sencillamente, no hay dólares para pagar los vencimientos del año que viene; de hecho, apenas hay para los de este año. De los 4.333 millones de dólares llovidos del cielo con el aporte del FMI a todos los países miembros como “alivio financiero para el covid”, hagan la cuenta: el 30 de septiembre se pagaron 1.800 millones de dólares, el 30 de diciembre se pagará otro tanto, y en enero vencen con el Fondo otros 738 millones. No van a quedar ni las migas. Y a partir de febrero se viene un escalonamiento de pagos por un total de 18.000 millones de dólares sólo al FMI, que no están contemplados, como es sabido, en el presupuesto 2022.

De allí que se aceleraron las negociaciones con los equipos técnicos del FMI y las gestiones con los jefes de Estado dueños de porcentajes importantes de votos en el directorio del FMI (en primer lugar, el presidente de EEUU, Joe Biden, con el 17%). La discusión dentro del gobierno no es (nunca fue, aclaramos) si va a haber acuerdo o no, sino cuáles van a ser sus criterios políticos, sus términos financieros, su letra grande y su letra chica.

Las premisas de la negociación: disciplina fiscal y “sustentabilidad”

Uno de los puntos que más inquieta al gobierno es la cuestión de la tasa de sobrecargos, es decir, el interés punitorio que cobraba el FMI a la Argentina por “deudor difícil”. El gobierno reclama eliminar esos sobrecargos, lo que llevaría la tasa de interés del nuevo acuerdo del 4,05% al 1,05 anual. Algo que parecía cosa resuelta, pero el “affaire China”, que puso en riesgo el puesto de Kristalina Georgieva al frente del Fondo, la dejó debilitada, y ahora hay que barajar, dar de nuevo y esperar hasta probablemente la última reunión del año del FMI para ver si, en las nuevas relaciones de fuerza dentro del propio organismo, eso se acepta. Un rechazo directo sería un golpe durísimo, porque implica pagos adicionales de 1.000 millones de dólares anuales; una aceptación graciosa no es tan simple, y hay diversas variantes intermedias posibles. Todo es negociable.

Otro de los puntos de controversia es qué hacer con las restricciones cambiarias. Aunque el empresariado argentino pide alegremente el levantamiento del cepo –fue uno de los ejes de las conclusiones del coloquio de IDEA el mes pasado–, ni el gobierno ni, sobre todo, el FMI están convencidos de que eso sea viable en el futuro cercano. Según graficó –exagerando, pero no tanto– un miembro del equipo argentino en una reunión con el fondo, abrir la puerta sin más al acceso libre a los dólares generaría una corrida y una devaluación tales que “Argentina se transformaría en un país con un PBI en dólares similar el de El Salvador y con una pobreza del 70% (Ámbito Financiero, 13-10-21).

Las dudas del Fondo, por supuesto, no son “conceptuales” sino prácticas: la “libertad” de acceso a las divisas es parte fundamental de su credo y de los planes que propone, pero si hay cosa a la que le tiene pavor es a cerrar un acuerdo que se caiga a la primera revisión, como le pasó con Macri. Y mucho más si el resultado es debacle económica y estallido social.

Por extraño que parezca, el Fondo le tiene tanto casi tanto miedo a Argentina como Argentina al Fondo. Este país ha protagonizado dos de los eventos que más daño han causado a la imagen –y a más de un/a director/a gerente– del organismo: el default de 2001 y el escandaloso acuerdo con Macri[1]. Naturalmente, a los burócratas del Fondo el destino del país les importa menos que nada, pero sus carreras pueden estar en riesgo si ¡otra vez! un convenio con Argentina vuela por el aire. Máxime cuando concentra el 60% del total de préstamos acordados por el FMI en el mundo entero. Nadie quiere atreverse a cargar con ese cadáver gigantesco.

Por lo tanto, la palabra clave del manejo de la cuestión cambiaria será no “libertad” sino “sustentabilidad”, es decir, no hacer locuras que hagan que explote todo. El cepo continuará y la idea es desmantelarlo gradualmente, en la medida en que la famosa “brecha” entre dólar oficial y dólar “fuga” se achique (hoy supera el 100%)[2]. Algunos memoriosos señalaron el ejemplo del acuerdo entre Islandia y el FMI en 2008, cuando ese país sufrió una brutal crisis cambiaria (luego económica y social en regla). Ese acuerdo incluyó, como novedad, la implementación de controles cambiarios estrictos; ahora se habla de que esa excepción podría reflotarse, aunque el contexto, claro está, es muy diferente.

Es difícil prever cuál será la fórmula final que se establezca. Inclusive, se baraja la posibilidad de otra “heterodoxia”, un desdoblamiento cambiario, es decir, dos cotizaciones distintas para dos usos distintos del dólar, por ejemplo comercial y financiero. Pero en todo caso, reducir la brecha entre dólar oficial y paralelo o institucionalizarla de manera estable sólo es posible en la medida en que haya recomposición de las reservas brutas (hoy, unos 43.000 millones de dólares) y, sobre todo, de las netas (hoy, probablemente no más de 5.000 millones, aunque hay quienes las calculan en cero o incluso negativas) del Banco Central.

Ese rellenar de dólares las arcas del BCRA tiene una meta no demasiado ambiciosa de unos 5.000 millones de dólares anuales (en tiempos de Néstor Kirchner el ritmo de recomposición de reservas fue muy superior). Se ve que, conociendo los antecedentes argentinos, el staff del Fondo prefiere ser conservador en esta materia. Si ese moderado objetivo se cumple, razonan, se aliviará la presión cambiaria y por ende debería bajar la distancia entre la cotización del oficial y del “libre”.

Cuando un economista cercano al oficialismo –fue viceministro de Economía de Kicillof– pero también al empresariado, Emanuel Álvarez Agis, sostiene que “el principal objetivo de la política económica debe ser eliminar la brecha” sin duda está sobreactuando, pero ilustra lo candente que es la cuestión. La incógnita es si esa reducción de la brecha se hará más “desde arriba” (porque baja el dólar paralelo) o “desde abajo” (subiendo el piso de la cotización oficial). Una pista: varios economistas cercanos al oficialismo ya están hablando de “acelerar el crawling peg”, esto es, aumentar el ritmo de minidevaluaciones mensuales de manera que el nivel del dólar, en vez de ir por detrás del índice de inflación, como casi todo el año, vaya algo por encima. De esa manera, suponen, se puede administrar la situación sin generar una mega devaluación traumática. Claro que, a la vez, eso meterá presión a los precios y puede reanudar la demoníaca espiral dólar-inflación. Pero veremos eso más abajo.

El criterio de “sustentabilidad” es también la consigna de la hora en cuanto a las metas fiscales, o, dicho en criollo, la magnitud del ajuste. Desde ya, los liberales, neoliberales y liberfachos argentinos están a la derecha del propio Fondo, cuyos funcionarios arriesgan bastante más que Espert, Milei y Cía. si las cosas salen mal. Difícilmente haya exigencia de déficit cero desde el primer año del acuerdo; probablemente se convenga un deslizamiento gradual desde un déficit primario (esto es, sin contar los pagos de deuda) cercano al 1% del PBI por uno o dos años hasta llegar al cero.

Recordemos que este año estaba presupuestado un déficit primario del 4,5% del PBI –venimos de los gastos extraordinarios de la pandemia, aunque en Argentina fueron muy inferiores a los de otros países–, y posiblemente, gracias al discreto torniquete fiscal, en particular en la primera mitad del año, el gobierno sobrecumpla esa meta y tal vez no llegue al 4%.

La compensación que probablemente exija el Fondo por esa moderada “flexibilidad” es que en los primeros años del acuerdo el déficit fiscal “permitido” sea financiado no con emisión, o con una mezcla de emisión o endeudamiento, como ahora, sino sólo con deuda (en pesos o en dólares). Martín Guzmán sabe bien que financiarse con emisión monetaria sin respaldo es alimentar la inflación, y por eso había propuesto un mix de financiamiento con esta ecuación: 60% emisión monetaria y 40% endeudamiento, por supuesto siempre en pesos.

Mientras tanto, el BCRA no las tiene todas consigo. Como hemos dicho otras veces, tiene demasiados agujeros para tapar y poca estopa, esto es, pocos dólares. Y hasta pocos pesos: uno de los grandes problemas que sigue sin resolverse e incluso se agrava es el nivel de “deuda remunerada en pesos” (el festival de letras y bonos del Tesoro tiene su paralelo en las letras de liquidación y pases del Central).

Cuantifiquemos: mientras que la base monetaria (el total de dinero en circulación en efectivo y cuentas bancarias a la vista) representa el 7,3% del PBI, la suma de Leliq y pases del Central supera el 10% del PBI. Se trata de deuda por la que hay que pagar intereses, que se pagan con emisión que a su vez hay que “esterilizar” con nuevas letras y pases, en una bola de nieve similar a la que casi explota en 2018 (entonces, con las Lebac; distinta sigla pero igual contenido) y que fue uno de los factores que llevó a golpear con desesperación la puerta del Fondo.

Esto es importante porque implica un deshilachamiento de la capacidad de intervención del BCRA en el mercado cambiario, que hasta nuevo aviso es la última línea de defensa ante una corrida cambiaria contra el peso. Pierde “poder de fuego” y se ve obligado a recurrir a herramientas delicadas como el “dólar futuro”: sólo en lo que va de noviembre habría habido ventas a futuro por unos 3.000 millones de dólares[3]. A eso se debe sumar, por más que formalmente sean cajas distintas, los cerca de 6.000 millones de dólares en bonos del Tesoro atados a la cotización del dólar. Todo eso es una bomba de tiempo si hay un deslizamiento grande la paridad cambiaria (si sube mucho el dólar, bah), porque remunerar esos bonos al nuevo valor del dólar puede herir de muerte los planes de austeridad fiscal que están por comprometerse con el Fondo. El margen del Central para hacer equilibrio es cada vez menor, y la cantidad de riesgos y su peligrosidad son cada vez mayores.

A pesar del festival de títulos de deuda del Tesoro a diversos plazos, ajustados por inflación, ajustados por la cotización del dólar oficial (“dollar linked”), dólar futuro y otros artefactos financieros –Ledes, Lelites, Lecer, Boncer, TY22P, TX23, T2V1, T2V2, TV22, TV23 y siguen las siglas–, por ahora la mezcla da 73% de emisión y sólo 27% de endeudamiento (Ámbito Financiero, 17-11-21). En total, la asistencia del BCRA al Tesoro superaría este año el 3% del PBI. Aunque Guzmán quiere que en el presupuesto 2022 esa cifra baje al 1,8%, el FMI seguramente va a pedir, aquí sí, un esquema más ambicioso. Va a ser éste, sin duda, otro de los puntos peliagudos de la negociación.

La patronal “dura” apoya (poco) y reclama (mucho)

Ya vimos que buena parte de lo más granado de la patronal argentina (y multinacional que opera en el país) está muy conforme con el sentido y la agenda de la convocatoria al “plan plurianual”. Pero está por verse si de las declaraciones públicas se pasa a los hechos, y si son todos los sectores decisivos los que se acoplen al “consenso patriótico” del ajuste “sustentable”. Hace sólo un mes, con un escenario cuya diferencia con el actual era sólo el resultado pendiente de las elecciones, el empresariado nucleado en IDEA dejó ver cuál pretende ser su contribución al desarrollo argentino, con el objetivo declarado –ya veremos con qué seriedad– de generar 3 millones de empleos. Si alguien esperaba novedades, ya puede ir desilusionándose.

La propuesta general lleva el inquietante título de Régimen Laboral de Emergencia y propone reducir las cargas laborales de los empresarios en un 100% (para los empleos jóvenes), un 70% (para el resto de los empleos, durante el primer año), un 50% en el segundo año y un 25% en el tercero. Claro que no serán muchos los afortunados que lleguen a ese tercer año, ya que el primero de los bloques de ese régimen, con el ya decididamente alarmante título de Nuevo Esquema Temporal para Desvinculaciones, se propone reducir el costo de las indemnizaciones según el tamaño de la empresa; para las pymes la idea es que sea casi gratis.

La patronal argentina ya ni siquiera disimula su voluntad comegente; en un supuesto programa de creación de empleo, podrían al menos haber dejado el esquema de despidos para el final. Pero no, lo ponen de entrada. En fin, sigamos. El segundo bloque, Mejores Tácticas para el Régimen Actual, apunta esencialmente a evitar juicios laborales, reducir multas a las empresas y, sobre todo, abrir la posibilidad de “modernizar” los convenios colectivos. Esto es, diseñar “trajes a medida” por sector, poniendo el ejemplo del convenio con SMATA, pero más estratégicamente, lo que se busca es permitir convenios por empresa y no por rama de actividad, con aumentos ligados exclusivamente a la productividad. Total, como en Argentina no hay inflación…

El tercer aspecto de la “emergencia laboral” lleva el pretencioso nombre de Cambios Institucionales para Adaptarse a las Demandas del Mercado Laboral. Esos cambios consisten en capacitar mano de obra en empresas, –por supuesto, con dinero estatal– y reformular el monotributo de manera de crear una nueva figura laboral para los trabajadores “independientes” (sin comillas en el original). Es de suponer que ya no serán contratos basura de empleo disfrazados, sino que los ex asalariados pasarían a ser con toda formalidad “proveedores autónomos”, “colaboradores free lance” o incluso, válgame Dios, “emprendedores”.

En resumen, como estamos en crisis, el generoso aporte empresario consiste en pedir más subsidios que nunca, pedir más facilidades para los despidos que nunca, reventar salarios y condiciones de trabajo más que nunca, precarizar a mansalva, cambiar el marco legal para que quienes sufran accidentes de trabajo y enfermedades laborales queden a la intemperie y reclamarle al Estado que capacite la mano de obra en su beneficio.

A cambio de toda esta lista infinita de favores –ah, en el medio tuvieron tiempo de reclamar un acuerdo con el FMI y el fin del cepo; se ve que están ansiosos por regularizar sus fugas de divisas ganadas con el sudor ajeno– la patronal dice que habrá 3 millones de puestos de trabajo. Promesas similares a las que venimos escuchando desde que Domingo Cavallo redujera los aportes patronales en los 90.

¿Cuál fue la respuesta del ministro Guzmán, presente en el evento de IDEA? Dejando de lado las vaguedades habituales (“el gobierno no piensa en quitar derechos”), generó satisfacción una vaguedad no tan habitual: “Hay que ir adaptando el mercado de trabajo a las circunstancias”, lo que fue leído como un cierto guiño a al menos algunos de los reclamos. Con esta gente tan comprometida con la inversión de riesgo, el desarrollo del país y la responsabilidad empresaria, ¿qué puede malir sal?

Paso a paso se viene el tarifazo

Quedan pocas dudas de que si las metas fiscales van a estar en el centro del acuerdo que se firme con el FMI, lo que se haga con las tarifas de servicios públicos va a ser uno de los rubros más importantes a resolver. Esto es así por pura prepotencia de volumen: las estimaciones no son unánimes en cuanto a la cifra, pero el monto de subsidios sólo en el rubro energético representa entre el 2,1% (consultora Analytica), el 2,4% (Instituto para el Desarrollo Social Argentino) del PBI. El economista kirchnerista y ex titular de la ANSeS Sergio Chouza estima el total de subsidios en el 3% del PBI.

Si alguien conoce un acuerdo marco entre el FMI y cualquier país del mundo que no incluya eliminación de subsidios o aumento directo de tarifas como parte del plan de austeridad fiscal, que nos lo haga llegar. Aquí la restricción, otra vez, no es conceptual, sino estrictamente política: de los dos lados del mostrador saben que, al igual que con el cepo cambiario, un ajuste directo y brutal es inviable socialmente. Cosa que los muy liberales de IDESA no parecen registrar en sus informes a la medida de las empresas, ya que parten de la premisa de que “la credibilidad del gobierno depende del inicio de un proceso de disminución de los subsidios a la energía con tarifa social para las familias de menores ingresos [!]. Esto, además de permitir moderar la emisión monetaria, aumentará las probabilidades de entablar en buenos términos y con chances de éxito un acuerdo con el FMI”. No exageramos cuando decimos que los liberales argentinos enloquecidos están a la derecha del Fondo: calma, señores, nadie les pide tanto. ¡Eliminar la tarifa social a los sectores de menos ingresos! La próxima recomendación de los liberfachos será la de la “Modesta Proposición” de Jonathan Swift: combatir el hambre de los pobres haciendo que se coman a su propia progenie.

Pero aunque estas monstruosidades no pueden ser avaladas por el gobierno y ni siquiera por el FMI, es verdad que en la negociación no habrá margen para evitar alguna forma de reducción de subsidios a la energía eléctrica, el gas y los combustibles (¿y el transporte?).

Como dice el mencionado Chouza con admirable claridad en la vaguedad, “convalidando aumentos que se parezcan un poco más a la evolución de los costos de las empresas se puede (…) sostener una política que haga equilibrio entre no dejar a la clase media-baja y baja pagando tarifas plenas, pero tampoco que se desequilibre la situación macro” (Ámbito Financiero, 16-11-21). Desde ya, lo de las “clases” hay que tomarlo con muchas pinzas: por mucho que al gobierno le encantaría decir “ajustamos a los ricos y rescatamos a los pobres”, ni técnica, ni económica, ni políticamente tendrá mucho margen para intentar piruetas “populistas” siquiera en lo discursivo[4].

La anterior es toda una síntesis de lo que va a ser la tortuosa negociación del gobierno con empresarios y oposición, primero,; del gobierno con el FMI, después, y por último, del gobierno con la sociedad a la que habrá que venderle el ajuste: “una política que haga equilibrio”. Pero ya no un equilibrio de caminar por la cornisa, sino de caminar por la cornisa esquivando leones, serpientes, monos con navaja y misiles. Así de frágiles son las variables económicas, financieras, políticas y sociales de la Argentina post elecciones y pre acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

[1] Como recordó oportunamente el periodista Carlos Burgueño en ocasión de una de las tantas desfachatadas declaraciones recientes de Macri, la historia del acuerdo Macri-FMI estuvo signada por las presiones políticas de EEUU al directorio, amenazas de renuncia, pases de factura, violaciones de todos los criterios técnicos y estatutarios y otras lindezas. El carácter público de esas indignidades no afecta tanto a funcionarios que no son electos, pero genera bastante embarazo en las esferas involucradas. El asunto entero tuvo sabor amargo, color turbio y olor a podrido, algo que en el “ambiente” saben todos. Es una carta que el gobierno argentino intentará jugar pero de la que no puede abusar (por ejemplo, amenazando con demandas judiciales): la gente del Fondo no está acostumbrada a tomar decisiones bajo presión de un país como Argentina. De Estados Unidos, vaya y pase…

[2]  Como señalamos más de una vez, el verdadero indicador de lo que los grandes operadores conocidos por el eufemístico nombre de “los mercados” consideran el valor real del dólar no es el “dólar blue” (sólo el “chiquitaje” opera en ese mercado), sino las cotizaciones vinculadas a la posibilidad de sacar dólares del país de manera legal, electrónica y en grandes montos (tres atributos de los que el “blue” carece): los llamados “dólar Bolsa”, MEP, contado con liquidación y similares. De hecho, una señal de buena voluntad al empresariado (y al FMI) de parte del gobierno fue la reciente y relativa “liberación” de uno de esos vehículos.

[3]  Esas ventas en realidad no son de dólares billete (que no hay), sino que se reciben pesos equivalentes a esos dólares a una cotización futura establecida, pagando un interés y la eventual diferencia (siempre en pesos) entre la cotización pactada y la que efectivamente exista. El mecanismo “dollar linked” es parecido, y tiene en común con el anterior que los bancos y fondos que depositan esos pesos se aseguran un retorno de la inversión a cotización dólar (aunque recibirán pesos).

[4]  Como recuerda con perfecto cinismo un connotado economista del establishment ultraliberal, Orlando Ferreres, había un presidente –al que no nombra, pero nos imaginamos– que le decía a su ministro de Economía: “Vamos a llamar al Fondo, y cuando nos digan lo que hay que hacer, vamos a decir que no, pero lo vamos a cumplir igual” (Ámbito Financiero, 16-11-21).