La CTE nació en febrero de este año como un conglomerado de sindicatos menores opositores a la CGT y cámaras patronales. Algo totalmente opuesto a cualquier sindicato que se precie de tal: un agrupamiento explícitamente pensado para aplicar las reformas anti – obreras que piden las patronales argentinas desde los sindicatos que deberían proteger los derechos laborales. En esa ocasión, Bullrich había estado acompañada por Miguel Ángel Pichetto, referente del peronismo más conservador.

Ahora acompañaron a Bullrich Dante Camaño de UTHGRA Capital (gastronómicos), Facundo Lancioni de SeduCA (docentes) y la abogada Florencia Arietto. Esta última fue la tristemente célebre asesora de seguridad del C.A. Independiente bajo la gestión Cantero. Después devino asesora del massismo bajo el gobierno de Macri. Después, asesora de Carrió, y en el último año acompañó la candidatura derechista de Amalia Granata en Santa Fé. Una verdadera saltimbanqui de la política, presta a vender sus servicios al mejor postor.

Desde la «pata empresarial», se hicieron presentes la Asociación de Mutuales de la Argentina (AMYS), la Asociación de Propietarios de Carnicerías (APC), la Federación de Almaceneros y Polirrubros (FABA), Proyecto PYME, la Cámara de Supermercados Chinos (CASRECH) y la Cámara de la Actividad Farmacéutica y Bioquímica (CAFYB). Estamos ante una «central sindical» con muchos empresarios y pocos trabajadores.

A la carrera por la reforma laboral

El verdadero «ideólogo» de la CTE es Marcelo Peretta, titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB). Peretta se hizo famoso el año pasado, tras promover movilizaciones anti – cuarentena con el hashtag #NoTeQuedesEnCasa. Es además quien promueve el «Decálogo del buen sindicalista», publicado semanas atrás en Infobae.

Los puntos centrales de dicho decálogo son «la simplificación del registro de la relación laboral y la flexibilización de los despidos, en sintonía con el proyecto de ley de modificación de las indemnizaciones por un seguro de desempleo» en busca de «la reducción de la informalidad y de los programas sociales a través del abaratamiento de los costos del trabajo registrado» (Infobae, 18/11). La eliminación de las indemnizaciones por despido es uno de los caballitos de batalla de los promotores de la reforma laboral anti – obrera. Fue presentada como proyecto de ley por Lousteau, y va en el mismo sentido del proyecto económico – laboral de los liberales.

La idea central es eliminar las indemnizaciones para «no afectar la economía del empleador [es decir, el empresario que despide]». Para reemplazarlas, se conformaría un seguro de desempleo solventado por el propio trabajador. Así, el trabajador deposita mes a mes parte de su salario para solventar su propio despido. La «economía del empleador» queda intacta, ya que puede dejar trabajadores en la calle sin poner un peso. Una oda a la «libertad» empresarial.

El objetivo sería «abaratar los costos el trabajo registrado». Dicho en criollo: que el trabajo «formal» se parezca cada vez más al trabajo «informal» a través de la eliminación de toda obligación patronal. Ni indemnización, ni jubilación, ni obra social, ni convenios colectivos. El empresario es libre de contratar y despedir a gusto y piacére. El trabajador, por otro lado, tendría la libertad de trabajar en condiciones de super – explotación o morir de hambre, una de dos.

Demás está decir que este tipo de reformas ya fueron implementadas en el pasado. En la Argentina, una flexibilización laboral de este tipo se aplicó bajo el menemismo. Y no generó «una reducción de la informalidad» ni la creación de nuevos puestos de trabajo. Simplemente generó una desocupación contada por millones y la mayor crisis política de las últimas décadas: el Argentinazo del 2001.

Nobleza obliga, hay que mencionar que la propia CGT no parece muy contrariada por la idea de aplicar una reforma laboral de este tipo. Así como «los flacos» de la CTE proponen aplicarla desde los propios sindicatos, «los gordos» de la CGT vienen ayudando a las patronales a aplicarla fábrica por fábrica. Hace sólo un mes, la burocracia del SMATA lo hizo en la planta de Toyota ubicada en la zona norte del GBA.

En pocas palabras: el gran empresariado argentino avanza de conjunto en la exigencia de una reforma laboral. Detrás de las frases altisonantes («reducir costos», «avanzar en la formalización del trabajo», «democratizar los sindicatos y la UIA») lo que se propone es destruir conquistas laborales que tienen décadas en la Argentina, y poner a los trabajadores a producir como si estuviéramos en 1910. Si se hace con la ayuda de la CGT, de la CTE, de los «peronistas federales», de los macristas o de los liberales, es más bien una decisión accesoria, coyuntural. Todos ellos están dispuestos a destruir los derechos de los trabajadores argentinos.

Sin embargo, la cosa no es tan simple. Empresarios, políticos patronales y burócratas de todos los colores harían bien en recordar que las últimas dos veces que se avanzó en estas reformas, la cosa no terminó bien para ellos. En los ’90, la flexibilización y la desocupación de masas eyectaron por el aire a De la Rúa y varios más (radicales y peronistas por igual).

En 2017, el mero intento macrista de avanzar hacia este tipo de reformas tuvo como respuesta las masivas movilizaciones del 14 y 18 de diciembre en la Plaza de los dos Congresos. El saldo: Macri fuera del gobierno un año y medio más tarde.

La Argentina tiene una larga tradición de ataques patronales y traiciones sindicales, pero también de resistencia y organización obrera.