El requisito de ingreso a la Universidad se judicializó por el caso de un estudiante peruano. La Facultad de Sociales de la UBA le quiso exigir la presentación de un DNI que certificara identidad y radicación en el país para poder inscribirse. Peter Harry Ludueña se encontraba preso cumpliendo condena y las autoridades universitarias le negaron la inscripción por poner en duda que su documento, no emitido en Argentina, pudiera realmente certificar su identidad.

Ludueña recurrió la decisión ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Ésta le dio la razón por considerar que la exigencia del DNI era «excesiva e injustificada». Habiendo llegado el caso a la CSJ cinco años después, revocó este primer fallo basándose en la Ley 17.671, que establece que “la presentación del Documento Nacional de Identidad expedido por el Registro Nacional de las Personas será obligatoria en todas las circunstancias en que sea necesario probar la identidad de las personas”. Esta legislación fue un decreto de 1968 promulgado bajo el régimen militar de facto de Juan Carlos Onganía.

Ponderar esta ley para establecer los criterios de ingreso a la Universidad implica ponerla por encima de la Ley de Migraciones (del año 2004), que en su artículo 7 establece que bajo ningún punto de vista una situación de «irregularidad inmigratoria» puede implicar una limitación del acceso a la educación. 

“El fallo reconoce el artículo 7 de la Ley de Migraciones de 2004 pero la Corte pone por encima la llamada Ley 17.671, que es una norma de facto de un gobierno dictatorial de 1968, con lo cual tenemos que se pone por encima una norma de facto sobre una constitucional y una norma anterior sobre una norma que expresamente la deroga” dijo Gerardo Etcheverry, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Y agregó que “Esto viola los derechos establecidos en nuestra Constitución”, que “siempre planteó que los derechos son para todos los ciudadanos y habitantes, y en este caso concreto es de una persona que estaba condenado y no hay duda de que si está cumpliendo prisión es un habitante de nuestro país”. Claro que esos pasajes de la Constitución, de inspiración alberdiana, se redactaron en la época en que la fantasía de que la «libertad de mercado» y la libertad de las personas venían de la mano todavía podía tener algún fundamento. Hoy los supuestos defensores de esas ideas defienden a los Trump y sus muros.

El problema y las consecuencias de este fallo van, no obstante, mucho más allá de la interpretación de la vigencia o no de alguna ley.

Los jueces de la Corte se hacen los inocentes, como si el fallo fuera la resolución de un caso suelto y no hubiera voces reaccionarias que intentaron poner en discusión el acceso de personas nacidas en otros países a la educación universitaria argentina. No solo la educación, esos desagradables defensores de la «respetabilidad» incluso han defendido que los extranjeros no tengan acceso a la salud en caso de sucederles algo en suelo argentino.

La resolución de la Corte le da poder de levantar su voz reaccionaria a quienes quieren instalar que los extranjeros serían un «gasto» de impuestos que no «devuelven» lo que les da Argentina.

A fines del año pasado, Jaime Perczyk desglosó la composición de extranjeros en las universidades argentinas. Hay 2.200.000 de estudiantes en el sistema universitario argentino; el 80% en el público, es decir alrededor de 1.700.000. De éstos, 58 mil estudiantes extranjeros cursan carreras de grado. Entonces, el 3,4% de los estudiantes que cursan gratuitamente son efectivamente extranjeros.

Es evidente que ese porcentaje tiene un «impacto» ridículamente bajo en el presupuesto. Un práctico de 30 estudiantes con suerte tendría un extranjero, un teórico de cien no llegaría a contener cuatro. Eliminen a los extranjeros y tendrás 96 alumnos en vez de cien, 29 en vez de 30 (la mayoría de las veces seguirían siendo 30). La diferencia en el aula sería igual a cero en cuanto a instalaciones, trabajo docente, etc. La diferencia para decenas de miles de personas no nacidas en Argentina es de vida o muerte.

La libertad de acceso a la educación, su gratuidad relativa, son una conquista del movimiento estudiantil. Hacen de la educación superior argentina una suerte de «meca» para miles de otros países, a quienes les resulta más accesible instalarse en otro país que pagar los imposibles aranceles de las universidades de otros países de la región.

La Corte Suprema les da voz a quienes quieren culpar a los estudiantes de la situación que vive Argentina. Ya lo hizo en su momento Espert en el debate presidencial de 2019. Entonces cuestionó: ¿por qué el IVA de un niño pobre que no accede a la universidad tiene que pagar la educación de un porteño de clase media? No dijo, claro está, que los grandes aumentos del IVA en Argentina vinieron de la mano de gobiernos liberales (Menem) mientras se le bajaba los impuestos a los ricos. No dijo que ese pibe pobre va a tener que pagar la deuda con el FMI que se usó para la fuga de capitales de los principales multimillonarios parásitos del país. No, la culpa es del estudiante: en el ojo de su aguja no pasa un filo hilo de seda, pero deja pasar impasiblemente camellos. Nunca, jamás, en ningún tiempo y lugar, en ningún universo paralelo, nada de lo que dice esta gente está bien.

No se trata solo de las personas extranjeras. Quienes miran con desagrado que quienes no son ricos puedan acceder a la educación usan a los extranjeros de excusa, de chivo expiatorio, de ensayo para cuestionar el acceso a la educación pública en general. Miran con envidia sistemas como el chileno, se les hace agua a la boca el imaginarse que estudiar signifique endeudarse de por vida con un banco. Porque la «prosperidad» de un país tiene para ellos una única medida: la cotización en bolsa de la banca. Lo que no genera intereses no merece atención, ni derecho alguno.

Quienes conocemos al movimiento estudiantil argentino sabemos lo que hubiera pasado en caso de que las aulas estuvieran llenas en el marco de este fallo: cientos de aulas levantadas, movilizaciones, probablemente algún juez eyectado de su cargo. Esa movilización es la que ha garantizado que en gran medida las universidades argentinas sigan teniendo un envidiable nivel, en vez de convertirse en focos de ignorancia y prejuicios pseudo científicos como son algunas instituciones privadas (que tienen como hijos académicos a los Milei y los Macri). Continuar con la pura virtualidad se convierte más y más en un obstáculo para frenar cosas como esta.