La sociedad mendocina ha dejado en claro más de una vez que la ley 7722, conquistada con la fuerza de la movilización popular, no se toca pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia encendió nuevamente las alarmas.

En horas de la noche del viernes se dio a conocer el fallo que abrió la polémica sobre el uso de sustancias tóxicas en la actividad minera en la provincia.

El artículo 1 de la ley manifiesta: «A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo«.

La anulación de la frase “y otras sustancias tóxicas similares” abre la puerta al uso de xantato, poliacrilamida y otros químicos contaminantes constituyéndose como una nueva avanzada contra la Ley de Aguas y dando paso a la megaminería.

La Asamblea Popular por el Agua manifestó su repudio en un comunicado titulado LA MEGAMINERÍA NO TIENE LICENCIA SOCIAL. “Nos declaramos en estado de alerta y movilización y convocamos a todo el pueblo a regresar a las calles para defender nuestra agua” “Las asambleas repudiamos esos intentos de desorientar a la ciudadanía comprometida con la defensa del agua. Instamos al amplio movimiento socioambiental y organizaciones de todo tipo a expresarse en calles, plazas, medios y redes, retomando la experiencia histórica que como pueblo nos permitió recuperar la ley 7722 en diciembre de 2019”.

En el comunicado la asamblea socioambiental ratificó que la ley 7722 no se toca, haciendo un llamado a retomar la experiencia de 2019 donde miles de mendocinos frenaron las modificaciones impulsadas por el gobernador Rodolfo Suárez.